Ley Celaá: Por qué los padres debemos implicarnos al máximo con las reformas educativas

El proyecto de ley orgánica educativa que lidera la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, salió adelante en el Congreso el pasado 19 de noviembre y ahora solo espera a su llegada al Senado. Si no hay opinión por parte de la cámara alta, pasará a publicarse como ley en el Boletín Oficial del Estado. Os desvelamos los puntos clave de la Ley Celaá.

Ley Celaá, la nueva reforma educativa

Esta nueva reforma educativa no está exenta de polémica, como ha venido ocurriendo siempre que se han ido cambiando las leyes que tienen que ver con la educación y, por esta razón, hemos decidido escribir sobre ello en el blog, para tratar de aclarar algunos puntos y fomentar que, como ciudadanos y padres, nos impliquemos al máximo en todo lo que tiene que ver con la educación de nuestros hijos e hijas.

Siempre se ha hablado del déficit histórico en educación en España que hacía crecer la brecha respecto a los países occidentales más avanzados. A los políticos se les llena la boca de datos de los informes PISA en época de elecciones. Cada vez que un nuevo gobierno llega al poder, trata de aprobar nuevas leyes derogando las anteriores pero lo triste es que no se hace una reflexión profunda sobre cuál debería ser el objetivo principal de la educación, y las reformas suelen quedarse en lo superficial.

 

 

Sin entrar a hablar sobre el origen prusiano del sistema educativo tradicional público y obligatorio tal y como lo conocemos en la mayoría de países, la realidad es que tiene bastantes semejanzas con un sistema fabril, y en muchas ocasiones se ha utilizado con algunos intereses de adoctrinamiento más que de aprendizaje significativo, del mismo modo que el miedo es una gran herramienta de control social.

Un repaso histórico

Uno de los principales problemas de base es la cantidad de reformas educativas que se han ido aprobando en nuestro país desde la transición, muy relacionadas con los cambios de color en el gobierno, y, cuyos despropósitos sufren tristemente los educandos.

Gran parte del debate ha estado siempre en la convivencia entre la pública y la privada, la religión, los posibles itinerarios para los alumnos y alumnas y, últimamente, sobre el castellano y las lenguas cooficiales.

 

 

Haciendo un poco de memoria, a comienzos de los años 70, el ministro Villar Palasí impulsó una primera ley que fue aprobada durante el régimen franquista, y que dio la estructura básica del sistema educativo hasta los años 90, estableciendo la educación obligatoria de los 6 a los 14 años. Después, se han ido sucediendo varias reformas durante la democracia.

• Ley Orgánica Reguladora del Estatuto de Centros Escolares, LOECE, 1980, (con el gobierno de UCD entre los años 1979 y 1983).
• Ley Orgánica del Derecho a la Educación, LODE, 1985, (aprobada durante el gobierno del PSOE entre los años 1983 y 1996).
• Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, LOGSE, 1990, (aprobada durante el gobierno del PSOE entre los años 1983 y 1996).
• Ley Orgánica Participación, Evaluación y Gobierno de los centros LOPEGC 1995, (aprobada durante el gobierno del PSOE entre los años 1983 y 1996).
• Ley Orgánica de Calidad de la Educación, LOCE, 2002, (aprobada durante el gobierno del PP entre los años 1996 y 2004).
• Ley Orgánica de Educación, LOE, 2006 (aprobada durante el gobierno del PSOE entre los años 2004 y 2011).
• Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, 2013 (aprobada durante el gobierno del PP entre los años 2011 y 2016).

Este cuadro resumen elaborado por la universidad de Zaragoza es muy aclaratorio:

 

 

¿Estas siete reformas educativas han contribuido a mejorar o a empeorar la calidad de nuestra enseñanza? Es difícil de saber, las tasas de fracaso escolar se han reducido ligeramente (habría que ver también las de abandono), y los datos de PISA indican que los resultados del alumnado en nuestro país han mejorado ligeramente durante la democracia (aunque siga lejos de los países punteros).

Son muchos los memes que siguen circulando haciendo una crítica al empeoramiento, aunque esto es algo que suele suceder, (“cualquier tiempo pasado fue mejor”). ¿Tienen las nuevas generaciones más faltas de ortografía? ¿Cómo van de compresión lectora? ¿Saben enfocar la resolución de problemas de forma autónoma?

Las claves de la ley Celaá

La Ley Celaá se asienta sobre determinados pilares:

Defensa de la educación pública

Esta ley pretende asegurar una educación más igualitaria y favoreciendo la enseñanza pública frente a la privada, (ya hemos hablado en el blog sobre las diferencias entre colegios públicos, privados y concertados).

Los conciertos de algunas escuelas privadas nacieron cuando era necesario cubrir plazas que la pública no alcanzaba, y a lo largo de los años han ido adquiriendo un porcentaje muy importante.

 

 

Según datos que expone Javier Gallego en un artículo para El Diario, en otros países de Europa como Finlandia, Alemania, Francia, Irlanda o Portugal hay entre un 85 % y 100% de enseñanza estatal. Sin embargo, en España la educación pública representa el 68% y somos el segundo país europeo en educación concertada, detrás de Bélgica.

Durante la última década el presupuesto para los conciertos ha aumentado un 25% y el destinado a la educación pública un 1,4%. Y aquí es donde está una de las mayores polémicas: ¿el estado debe pagar la educación privada a ciertas familias a costa del detrimento de la financiación de la pública?

Con esta nueva ley no se sostendrán parcial o totalmente con fondos públicos los centros que separan al alumnado por su género. Los colegios privados concertados tampoco podrán percibir cuotas de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, ni imponer aportaciones a fundaciones o asociaciones.

 

 

Castellano y lenguas propias

El castellano deja de figurar en la ley como lengua vehicular (algo que se había introducido en la última reforma del 2013). El castellano está protegido por la Constitución y las comunidades tienen la obligación de enseñarlo por ley y por sentencia del Supremo.

Esta ley dice que debe garantizarse el derecho a recibir enseñanzas en castellano y en lenguas cooficiales para alcanzar un dominio pleno y equivalente. La asignatura de Lengua Cooficial y Literatura pasa a llamarse Lengua Propia y Literatura.

 

 

Educación especial

Este es quizá uno de los puntos más sensibles de esta reforma, por el que hay bastante preocupación entre las familias y profesionales. Se dice que en 10 años los centros ordinarios deberán tener recursos para atender alumnado con discapacidad, reservando los centros de Educación Especial para alumnos que requieren atención muy especializada.

En este sentido, la inclusividad no debe quedarse en buenas intenciones, y habrá que ver lo que plantea la memoria económica de la ley para asegurar realmente que las necesidades de los niños y niñas (todos en el mismo aula no es signo de igualdad sino de igualitarismo).

Religión, cultura de las religiones y valores

Debe ofertarse la asignatura de Religión, eliminándose la obligación de cursar una materia alternativa que había hasta ahora. Eso sí, la nota no contará para procesos de acceso universitario o a becas.

En Primaria y Secundaria se podrá establecer la enseñanza no confesional de cultura de las religiones. También se estudiarán Valores cívicos y éticos, con especial atención al respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia y a la Igualdad.

 

 

Otros cambios importantes

Los alumnos y alumnas deberán adquirir un conocimiento profundo de la historia de la democracia en España, que deberá plantearse desde una perspectiva de género. También se fomentará de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, desde Primaria (ya hablamos de la importancia de la educación sexual en este otro artículo).

En Secundaria se conocerá el papel social de los impuestos y la justicia fiscal. Se fomentará el estudio de la defensa del planeta, así como la igualdad de género en los diferentes itinerarios. Al concluir la enseñanza secundaria obligatoria los alumnos recibirán una certificación oficial con los años cursados y el nivel de las competencias.

 

 

También se contempla la posibilidad de que el equipo docente decida la obtención del título de Bachillerato por el alumno o alumna que haya superado las materias salvo una. Asimismo, se regulará la formación del profesorado, (inicial y permanente), e incluso se plantea la posibilidad de cuestionar la continuidad de los docentes que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto o una notoria falta de rendimiento.

El futuro incierto de la Ley Celaá

Esta ley ha sido aprobada en el congreso con el apoyo de siete formaciones, aunque algunos partidos han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional. Sería maravilloso que, en lugar de utilizar la educación como moneda de cambio para acuerdos e intereses políticos, se llegase de una vez por todas a un gran pacto de Estado que asegurase una estabilidad imprescindible para la mejora.

 

 

Que este tiempo de confinamiento debido a la emergencia sanitaria nos hubiera servido para plantearnos estas reflexiones, para reaccionar y transformar verdaderamente la escuela basándonos en todas las evidencias neurocientíficas y experienciales que tenemos sobre cómo funciona el cerebro de nuestros niños y niñas, y cómo se produce un aprendizaje significativo.

¿Y si dejamos de estar adormecidos y resignarnos a “esto es lo que hay”, y nos unimos para reclamar el verdadero cambio que todos y todas anhelamos y que nos saque de una vez por todas de la profunda crisis del sistema educativo?

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