La ONG Save The Children realizó una encuesta en 2019 con casi 400 jóvenes de entre 18 y 20 años de toda España. El objetivo era analizar si durante su infancia y adolescencia les había afectado alguno de los tipos de violencia online. Uno de cada cinco de los encuestados había sufrido child grooming y el 15% en más de una ocasión. De media, la primera vez que sufrieron esta violencia fue con 15 años.
El child grooming, una realidad que a veces queda oculta
La Fiscalía General del Estado ve "preocupante" la evolución de los delitos online. En especial, los que afectan a los menores y que suponen el 8,5% del total. Los procedimientos por delitos contra la libertad sexual en internet han crecido un 18,45% con respecto a 2019 pero en el caso concreto del child grooming ese incremento es del 55% en solo un año.Es llamativo que los delitos de pornografía infantil y/ o de personas con discapacidad mantienen cierta "estabilidad" con respecto a años anteriores. Sin embargo, la Fiscalía advierte en su memoria de que "esta aparente estabilidad no responde a la evolución real de la elaboración y tráfico de material pornográfico ilícito en el entorno tecnológico".
El aumento del uso de las nuevas tecnologías con la pandemia del coronavirus "está claramente" detrás de esta "perversa incidencia", según el documento. Este también señala que existe una "creciente sensibilización" por parte de progenitores, cuidadores y tutores ante la vulnerabilidad de los menores frente a los depredadores sexuales. Y eso ha supuesto más denuncias.
No obstante, la Fiscalía reconoce obstáculos. Entre ellos, que muchos procedimientos judiciales investigan a una misma persona por acciones reiteradas en el tiempo y con un número elevado de víctimas. Eso hace que las cifras de child grooming puedan ser incluso más abultadas. Sin embargo, quedan desdibujadas por la "falta de concreción" del sistema informático de la justicia.
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Es abuso sexual contra los menores
Otro de los aspectos llamativos que recoge la Memoria de la Fiscalía General del Estado y que contribuye a que los delitos de child grooming se vean camuflados es que, con mucha frecuencia, este tipo de abuso sexual tiene como objetivo conseguir material pornográfico. Para la Fiscalía:
Y esto, insisten los fiscales, constituye un delito de abuso sexual. Pero las denuncias por este delito no crecen. En muchas ocasiones, explica la Fiscalía, los propios menores ni tan siquiera son conscientes de la agresión sufrida (debido en ocasiones a su muy corta edad). Además son prácticas clandestinas que pueden no salir a la luz."Resulta especialmente preocupante la reiteración con la que se están detectando en nuestro país actos de elaboración de pornografía infantil a partir de contactos directos por vía electrónica en los que el agresor invita al o a la menor a mostrarse desnudo/a y en posiciones sexualmente explícitas o, incluso, le incita a realizar actos sobre su propio cuerpo –como introducción de objetos por vía anal o vaginal–".
El acoso sexual infantil sigue siendo un tabú, y muchos abusadores aprovechan internet y el miedo de los menores para evitar la justicia. Es más, lo habitual es que las investigaciones se inicien cuando algún ciudadano detecta material pornográfico en la red o por comunicaciones entre cuerpos policiales de otros países.
Se necesitan recursos humanos y materiales para investigar los casos de child grooming
Los fiscales se quejan de que no toda la información que se recibe sobre los delitos sexuales online contra menores o child grooming se puede materializar en investigaciones concretas. En muchas ocasiones es por falta de información pero, principalmente, se produce "debido a la carencia de recursos personales y materiales adecuados" para abordar la investigación de este tipo de actividad criminal "en continua expansión".
Y es que son delitos que se planifican y ejecutan a través de sistemas de comunicación muy complejos. Estos están protegidos con sistemas de encriptación "muy difíciles de quebrar". Por eso, la Fiscalía General del Estado reclama "mayor concienciación social" y un "esfuerzo especial" para dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la justicia de "mayor formación y mejores medios para reforzar la respuesta ante estos graves comportamientos".
Lo cierto es que, en general, la ciberdelincuencia sigue creciendo en nuestro país con 16.914 procedimientos en 2019, un 28,69% más que el año anterior. Las estafas, con un 45,5% de casos, seguidos de las amenazas y coacciones (12,13%) -entre los que se incluiría el acoso escolar- y la pornografía infantil (8,98%) son los delitos online más numerosos.
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