Primero el Congreso, ahora el Senado
El Pleno del Senado aprobó este miércoles la proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.
Previamente, esta reforma logró el apoyo unánime de todo los grupos en el Congreso de los Diputados y ahora solo está pendiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que entre en vigor. En el Senado, el texto se ha aprobado sin modificaciones y ha contado con 259 votos a favor y dos abstenciones.
En concreto, se va a eliminar el segundo párrafo del artículo 156 del Código Penal español que permite las esterilizaciones no consentidas: "No será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento”, indica el texto legal hasta ahora. Esto, insisto, desaparecerá, y es una buena noticia para los derechos de las mujeres con discapacidad que podrán decidir si quieren o no ser madres.
Y, no solo eso, también puede ser un ejemplo para otros países donde la ley sí ampara este tipo de esterilizaciones. Desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) se considera que este paso "supone la corrección de una anomalía, de una patología de nuestro ordenamiento jurídico, que castigaba especialmente a las mujeres y adolescentes con discapacidad".
Desde esta organización se quejan de que ha sido una "batalla larga". "Sobre todo por la 'falta de receptividad' de los gobiernos, los partidos políticos, los medios de comunicación, etc. para quienes los asuntos de discapacidad nunca son prioritarios". Lo cierto es que la modificación del Código Penal la ha promovido el grupo de Ciudadanos, pero a petición de Cermi Mujeres y Cermi estatal.
También la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (Cemudis) lo considera un "hito importantísimo" puesto que supone un "gran avance hacia la igualdad, la eliminación de la violencia y la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad".
Un centenar de esterilizaciones al año
Según datos de Cermi, alrededor de un centenar de personas son esterilizadas en España cada año. Y la mayoría son mujeres. Por lo que este paso dado por el Estado permite acabar con una doble discriminación de estas personas, por tener una discapacidad y por ser mujeres. Y no solo eso.
Además, se trata de una realidad muy invisibilizada y de la que apenas se habla. No hay cifras ni estudios oficiales, excepto los datos que ofrecen las propias organizaciones de personas con discapacidad. A ello, se suma que muchas mujeres ni siquiera saben que las están esterilizando porque se les aplica inyecciones o parches sin su consentimiento, según denuncian desde Cocemfe (entidad de la que depende Cemudis).
En muchas ocasiones las esterilizaciones responden a peticiones de la propia familia, que seguramente no lo hace con mala intención. Sin embargo, desde las organizaciones de personas con discapacidad, lo entienden como un abuso hacia esas personas a las que supuestamente tratan de proteger. Existe, además, cierto respaldo de gran parte de la sociedad. ¿Por qué?
En un informe de Cermi Mujeres sobre este problema, se apuntan muchos mitos como el que esa esterilización se hace por el "bien" de la sociedad, la comunidad o la familia, y que la mujer con discapacidad tendrá dificultades para cuidar a su hijo o que este tendrá a su vez una discapacidad; que estas mujeres son incapaces de tener y cuidar a un niño, pese a que existen (afortunadamente) muchos ejemplos de que esto no es verdad; o que se hace 'por su bien', sobre todo en el caso de las mujeres con discapacidad intelectual... El problema, quizás, es que se sigue viendo a estas mujeres como personas sin derechos a ser madre, a ser adultas, a decidir.
Sin embargo, la esterilización forzosa es contraria a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ratificó en 2008. Hace 12 años. Además, el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, en vigor en nuestro país desde el 2014, en su artículo 39 tipifica las esterilizaciones forzosas como delito. En España, sin embargo, se han seguido realizando hasta ahora.
Queda camino todavía para la igualdad de las mujeres con discapacidad
Desde Cocemfe también resaltan que para acabar con la esterilizaciones no consentidas es necesario reformar el Código Civil porque para que la justicia pueda autorizar la esterilización es necesario que antes se incapacite civilmente a la persona. En julio, el Consejo de Ministros remitió a las Cortes Generales un proyecto de ley civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Busca conciliar el Derecho Civil español con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora está en trámite parlamentario. Si sale adelante, será otro hito para este colectivo.
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En el día a día, las madres con discapacidad tienen otras batallas cotidianas pero también poco visibles para la sociedad en general, como es la accesibilidad en las áreas de Maternidad de los hospitales; las dificultades en el seguimiento del embarazo; o el tipo de parto porque, por lo general, se impone la cesárea programada frente al parto natural.
Batallas a las que hay que sumar las que tenemos todas las demás, como la conciliación familiar. Pero son batallas en las que la empatía, la compresión y el apoyo por parte de familia y amigos no solo son necesarios sino imprescindibles. Una Tribu que acompañe y luche junto a ellas permitirá otro paso hacia la igualdad de todas las mujeres.