Los pederastas pagarán por sus abusos hasta que la víctima cumpla al menos 40 años

Una enmienda de última hora a la ley de la Infancia, que el Congreso aprobará este jueves, retrasará cinco años la prescripción de los ataques sexuales. De esta forma, a los pederastas les costará mucho más eludir el castigo y la cárcel. 

La nueva ley de la Infancia recrudece las medidas contra los pederastas

El Congreso aprobará este jueves la nueva ley de la Infancia que, como medida estrella, establecerá que los delitos más graves contra niños y adolescentes, entre los que destacan los abusos sexuales y las violaciones, podrán ser denunciados y perseguidos, con independencia de cuándo hayan ocurrido, hasta que la víctima tenga al menos 40 años. 

En la actualidad, en España el plazo de prescripción comienza a correr cuando la víctima cumple 18 años. A partir de ahí, y en función de la gravedad del delito, se dispone de cinco a 15 años para denunciar. Pasado este tiempo, los agresores ya no pueden ser juzgados y condenados, incluso aunque se demuestre la existencia y veracidad de su delito.

El nuevo texto legal, sobre el que hay amplio consenso, recoge que el umbral a partir del cual comienza a contar el tiempo se elevará a los 30 años. Un gran avance que sitúa a España a la vanguardia internacional en la protección de los derechos de los menores, y que ha sido demandado durante años por organizaciones de infancia.

De hecho, el Comité de Derechos del Niño de la ONU ya recomendó en 2010 a España la aprobación de esta ley. “Lo que vamos a ver mañana es el punto de llegada de más de 12 años de lucha”, recalca Andrés Conde, presidente de Save the Children.

Quienes han sufrido abusos en la infancia suelen tardar en procesar lo ocurrido y en atreverse a dar el paso a denunciar

En la actualidad, se estima que los menores españoles no denuncian ni el 15% de las agresiones y más de la mitad de quienes denuncian un abuso infantil en España tardan al menos dos décadas en hacerlo. Esto ha provocado hasta ahora que muchos delitos ya no sean perseguibles para cuando se dan a conocer y los pederastas no sean castigados por ellos.

Por otra parte, el 80% de las agresiones sexuales se dan dentro de la propia familia o en el entorno cercano del menor, lo cual explica que las víctimas no denuncien o tarden en hacerlo por miedo, dependencia económica o emocional, vergüenza o porque quedan en estado de “shock”.

“Hay que entender que las personas que han sufrido abuso sexual en la infancia, en la mayoría de las veces el abusador ha sido un hombre de su confianza. La víctima se encuentra que una misma persona la somete a un maltrato atroz, y a su vez, es la fuente de su cuidado y protección. Esta dolorosa dicotomía es muy difícil de gestionar por parte de la menor o el menor, y provoca un malestar muy profundo, con efectos graves a muy largo plazo. Cuando la víctima es capaz de sanar, fortalecerse y enfrentar la posibilidad de denunciar los abusos, han podido pasar muchos años”, manifiesta Mamen Bueno, psicóloga y miembro del equipo de Criar con Sentido Común.

Por este motivo, y a pesar de la notable mejora, las ONG que trabajan por los derechos de la infancia se lamentan de que el retraso de la prescripción no sea mayor y no empiece a contar hasta que las víctimas tengan 40 o, incluso, 50 años. 

No obstante, Andrés Conde manifiesta que la ley “es el marco más ambicioso que existe en Europa en cuanto a violencia contra la infancia, y probablemente en el mundo” y “es esencial que se apruebe”, ha dicho, para luchar contra una “violencia invisibilizada” de la que apenas hay datos y que suele quedar impune, porque “raras veces se denuncia y muy pocas veces tiene consecuencias”, pese a los “efectos devastadores” en los niños.